En Chile de acuerdo a la encuesta CASEN 2020, el 23% de las familias son arrendatarias. Cifra que ha aumentado los últimos años debido a la dificultad en el acceso a la vivienda. Coincidentemente, la ley de arrendamiento de predios urbanos fue creada con miras a proteger a los arrendatarios, entendiendo a ellos como la parte más débil en esta relación contractual. No obstante, la realidad nos dice que los procedimientos judiciales de cobro de rentas y lanzamiento de los arrendatarios tardan en promedio 8 meses, lo cual deja un holgado plazo para que inescrupulosos vivan sin pagar las rentas.  Debido a esto, la nueva ley entiende que la parte más débil es el arrendador, permitiéndole a este, en caso de tener un contrato por escrito ante notario, solicitar que el arrendatario pague dentro de 10 días y en caso de no pagar o no presentar oposición se le condene al pago y al lanzamiento (expulsión con la fuerza pública) dentro de un plazo de 10 días. Es decir, esta nueva ley viene a reducir el tiempo de recuperación de un inmueble de 8 meses a 1 mes aproximadamente.

No obstante, subsiste por mi parte una crítica. Ya que esta ley rige únicamente para viviendas dentro del radio urbano, quedando sin la debida protección aquellas que se ubican en áreas rurales y cuya superficie sea de más de una hectárea.

Enrico Vicencio Gebauer

Abogado