Este 11 de julio, como cada año, conmemoramos el Día Nacional de las y los Periodistas, fecha establecida en base a la fundación del colegio de la orden en 1956, mediante la Ley 12.045, promulgada bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Los objetivos del Colegio de Periodistas son la promoción y defensa de la libertad de expresión y de prensa, en estricto respeto a la Convención Internacional de Derechos Humanos; promover el desarrollo y regular el ejercicio ético de la profesión. Una tarea que, en los tiempos que corren, no sólo es cuesta arriba, también es contra gigantes.
Cuando Walter Williams, decano de la primera escuela formal de periodismo en el mundo, fundada por él en la Universidad de Missouri en 1908, redactó el Credo del Periodista, incorporó “Creo que nadie debería escribir como periodista lo que no diría como caballero; que el soborno con el propio bolsillo debe evitarse tanto como el soborno con el bolsillo ajeno; que no se puede eludir la responsabilidad individual alegando instrucciones o dividendos ajenos”. Esta máxima, en tiempos de instantaneidad, morbo, precarización y desinformación, debe grabarse a fuego en la conducta ética de las y los periodistas, pues es parte de lo que nos valida.
Desde hace varios años, probablemente todo este siglo, los espacios para el ejercicio del periodismo y las comunicaciones, no sólo han ido disminuyendo, han sido precarizados y banalizados, por intención, desconocimiento o descuido, el surgimiento masivo y descontrolado de pseudo medios de comunicación, que no pasan de ser un perfil en redes sociales, ha atentado contra la prensa tradicional y por consecuencia, contra el mercado laboral para periodistas, lo mismo ocurre con espacios para el desempeño profesional en la institucionalidad estatal, en donde cobra especial gravedad el que la difusión de políticas públicas tan importantes como Derechos Humanos, equidad de género, políticas de prevención y Seguridad Pública se encuentren abandonadas a la voluntariedad de algún funcionario de turno.
Mientras lo anterior ocurre, en el Congreso Nacional se discuten creativas mociones para sancionar con cárcel a quienes difundan información filtrada desde investigaciones secretas o reservadas, una acción burda y retrograda para coartar el ejercicio periodístico, como si el problema fuera nuestro credo y compromiso con el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, garantías establecidas en la ley 19.733 donde se establece que se “les reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”. Garantías que las y los periodistas estamos llamados a seguir defendiendo y lo haremos con gusto.
