Una vez más el poder judicial de Chile se retira la venda de los ojos para mirar como se inclina su balanza. Aplica todo el peso de la ley sobre el (ex) alcalde de Recoleta exhibiéndole mediáticamente en matinales como un peligro para la sociedad y trata con sutileza de cirujano a Eduardo Macaya Zentilli, pederasta, padre de un senador UDI que cometió delito sexuales contra sus nietas, otorgándole beneficio de clase.

Al primero nada se le ha probado aún, es más, sólo compareció a una audiencia de formalización. Al segundo, en instancias de investigación, se le otorgó prisión domiciliaria luego de pagar una fianza millonaria, en espera del veredicto del tribunal. Una vez condenado y obligado a cumplir una leve pena de seis años abandonó el penal amparado en un recurso interpuesto por su defensa. Según nuestra legislación los delitos de abuso sexual contra menores son imprescriptibles y desde una perspectiva ética inhumanos.

¿Cómo es posible que sigamos creyendo que las instituciones funcionan en Chile? ¿O que creamos que la justicia es igual para todos?

El espíritu del derecho, aquel que da a cada cual lo que le corresponde en tiempo adecuado, parece abatido y avergonzado frente a la elite procesada; este absurdo es una paradoja kafkiana que continúa deteriorando la fe del ciudadano que mira al Estado y sus instituciones como su primer y último soporte.