COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE: Sobre proyecto de ley del Senado que sanciona penalmente la filtración de antecedentes judiciales

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• En Chile, la libertad de emitir opinión e información es una garantía establecida en el Artículo 19, Nª12 de la Constitución, es decir, este derecho no es exclusivo de las y los periodistas sino de la sociedad a ser informada. Estas garantías están reforzadas en la ley 19.733 donde se establece que se “les reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.

 

• La moción presentada por cuatro senadores -que busca tipificar en el Código Penal y sancionar con cárcel la divulgación de información de causas judiciales reservadas, como las del “Caso Audio” o los antecedentes de la denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve- pone en peligro la Libertad de Información y de Prensa y representa un grave retroceso para el ejercicio del periodismo. Aplicar esta medida significará privar a la ciudadanía de tener acceso a información de interés público y pone en riesgo a periodistas que investigan el poder.

 

• En los últimos años, el periodismo de investigación en Chile ha jugado un rol fundamental en el combate a la corrupción y los abusos de poder. La sociedad chilena no habría podido informarse sobre el Caso PENTA, SQM, la corrupción en el Ejército, ni sobre hechos que involucraron a autoridades de alto nivel, si normas como está hubiesen estado vigentes. La persecución penal a periodistas no resuelve los casos de corrupción política o empresarial; al contrario, los protege.

 

• Esta propuesta es peligrosa y antidemocrática, y expone a los y las periodistas a un mayor riesgo, ya que puede estimular el acoso judicial como herramienta de amedrentamiento para impedir la cobertura de temas sensibles. Además, colisiona con el derecho a la reserva de fuente informativa, herramienta esencial para el desarrollo de periodismo, protegida por el artículo Nª 7 de la ley 19.733. Este mismo marco legal ya establece responsabilidades y sanciones para la difusión inadecuada de información en procesos judiciales.

 

• Así mismo, queremos ser enfáticos en señalar que el periodismo debe actuar siempre apegado a la ética profesional, resguardando el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz, plural, responsable y oportuna.

 

• Este compromiso incluye el respeto de la dignidad y vida privada de las personas, especialmente en el tratamiento de casos que involucran a víctimas de delitos, así como también el resguardo de la presunción de inocencia de las personas denunciadas.

 

• Es fundamental que periodistas y medios de comunicación marquen con claridad la diferencia entre la filtración de denuncias individuales y la publicación de información de evidente interés público. Lo primero debe evitarse; lo segundo es parte esencial del rol que cumple el periodismo en una sociedad democrática.

 

La propuesta de los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), de salir aprobada, tendrá efectos dañinos para la convivencia democrática, la libertad de información y de prensa. Confiamos en que sea rechazada por el parlamento y por la ciudadanía.

 

Consejo Nacional

Colegio de Periodistas de Chile

Santiago de Chile, 12 de junio 2025

 

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